El pasado 6 de mayo, en la penumbra de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, se encendió una pequeña luz: de la mano del lenguaraz Rafael Hernando, el PP presentó una proposición no de ley para fomentar el retorno de los trabajadores extranjeros a sus países de origen. A diferencia de otras ocasiones, la propuesta no se limita a mostrar a los inmigrantes la puerta de salida con mejores o peores maneras, sino que introduce un verdadero incentivo para la inmigración circular:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses promueva las modificaciones normativas necesarias para regular la inmigración circular y el retorno voluntario, de manera que se suspenda el cómputo de vigencia de la tarjeta de residencia durante el período de tiempo que el inmigrante se encuentre en su país de origen como consecuencia del retorno voluntario, [...] con el objeto de que, en el caso de que vuelva a tener una oferta de trabajo en España, su tarjeta de residencia siga vigente. Esta medida se extenderá a los familiares reagrupados.Dicho de otro modo, se trata de ofrecer a los inmigrantes en paro la única razón que les haría considerar el retorno: la oportunidad de intentarlo de nuevo en el futuro. Los socialistas se han apresurado a apoyarlo.
No es perfecto (por lo que parece, sería incompatible con las medidas económicas de retorno que ofrece el Gobierno) y pone muy por delante el interés de las sociedades de acogida al de los trabajadores extranjeros. Más aún, conociendo la nefasta reputación de la red consular española en este ámbito, es poco probable que los inmigrantes se fíen de un Gobierno que les ha maltratado demasiadas veces. Pero no cabe duda de que el camino va por aquí. O empezamos a considerar reformas inteligentes que establezcan la combinación adecuada de incentivos o seguiremos atrapados en la misma ratonera sin queso en la que hemos caído.
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