El Tribunal Europeo de Justicia declaró el pasado martes la “invalidez” de las normas comunitarias que permiten la publicación de beneficiarios de ayudas de la Política Agraria Común (PAC). La sentencia constituye un duro golpe para quienes, durante décadas, han luchado por incrementar la transparencia y el debate público alrededor de una de las políticas más costosas y más relevantes de la UE. Solo en ayudas directas, la PAC cuesta a los contribuyentes europeos cada año la friolera de 55.000 millones de euros, una cifra que se dobla cuando consideramos las transferencias realizadas por los consumidores a través del sobreprecio que impone el proteccionismo agrario. No solo se trata de un ámbito esencial del bienestar y la sostenibilidad de las sociedades europeas -del que dependen los alimentos que tomamos, el entorno que nos rodea y la tierra que pisamos- sino de uno de los agravios más viejos contra los países en desarrollo.
La plataforma digital Farmsubsidy.org -que ha liderado los esfuerzos de activistas y periodistas en este ámbito- hizo pública ayer una nota de respuesta cargada de sentido común: a diferencia de las ayudas sociales de carácter personal, los subsidios de la PAC constituyen transferencias del Estado a empresas privadas que no solo tienen ánimo de lucro, sino que están sujetas a estrictas condiciones de producción y comercialización que protegen el interés público y que deben ser auditadas. Para entendernos, el mismo criterio que rige a la hora de conceder la construcción de un puente o la financiación de una escuela concertada. El apagón informativo que ha disfrutado el sector agrario durante casi cincuenta años –y que el Tribunal Europeo podría consolidar ahora- es el mejor modo de perpetuar los privilegios y abusos de una política que concentra el 80% de las ayudas en el 20% de los beneficiarios (precisamente los más ricos y contaminantes) y el poder de unos lobbies que, con toda certeza, están detrás de esta batalla.
Aún no están claras todas las implicaciones legales de la sentencia. Algunos sugieren que las medidas de transparencia que han puesto en marcha algunos Estados (España incluida) podrían mantenerse en parte y sujetas a condiciones. Pero la batalla está planteada. Alemania e Irlanda ya han cerrado el acceso a los datos, y otros gobiernos tardarán poco en seguirles. Farmsubsidy.org anuncia que seguirá haciendo públicos todos los datos que caigan sus manos (y que presentan de forma jugosa; no dejen de visitar su página web), y todos miramos con envidia la transparencia informativa que rige en países como los EEUU. En España, mientras tanto, la Ley de Acceso a la Información prometida por el gobierno en tantas ocasiones reposa en el cajón de los pasos perdidos, justo al lado de la Ley de Libertad Religiosa.
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