Dilemas morales

El martes asistí a una jornada informativa sobre la nueva Ley de Extranjería organizada por Pueblos Unidos y el despacho Gómez-Acebo y Pombo. Me impresionó la espléndida intervención de María Segurado, jurista de Caritas: informada, indignada y contundente.

María explicó lo que todavía conocen pocos: La nueva Ley de Extranjería -aprobada por el Parlamento a finales del año pasado- responde a los requerimientos del Tribunal Constitucional y de las directivas europeas consolidando los derechos de asociación, reunión y sindicación de los inmigrantes. Contempla además otros avances, como la reagrupación de parejas de hecho, el derecho de los familiares reagrupados a trabajar o el acceso de organizaciones de derechos humanos en los centros de internamiento.

Sin embargo, estas garantías son la excepción en una ley diseñada y aplicada para restringir los derechos fundamentales de los extranjeros no comunitarios que residen en nuestro país. Constituye un paso atrás en nuestro Estado de Derecho y es el mejor modo de dispararnos en los pies.

Algunas perlas del análisis de la Ley que Caritas ha realizado junto con CEAR y la Red Acoge (ver todos los detalles aquí):

• Limita el acceso de los inmigrantes en situación irregular a ciertos derechos esenciales (como la educación para mayores de 18, la vivienda o servicios sociales 'específicos').
• Restringe el derecho de reagrupación de ascendientes directos.
• Las inmigrantes irregulares que denuncien ser víctimas de violencia de género estarán automáticamente expuestas a un expediente sancionador (que puede derivar en la expulsión).
• Se refuerzan los kafkianos requerimientos para la renovación de los permisos de residencia y trabajo, como la limitación territorial o la demostración de 'esfuerzos de integración'.
• Se introducen tasas de cerca de 200 euros para la contratación de personas extranjeras.
• Se amplía a 60 días el período de reclusión de irregulares en centros de internamiento. En la práctica, pena de privación de libertad por una falta administrativa equivalente a una infracción de tráfico.
• Se agravan las penas para delitos de colaboración con inmigrantes irregulares, como promover la permanencia irregular de un extranjero o consentir la inscripción ficticia en un padrón.

Cada sociedad se enfrenta a un puñado de asuntos que establecen el rasero moral de sus generaciones, y nos equivocaríamos sin pensásemos que éste no es uno de ellos. La nueva Ley (apañada por el PSOE, CiU y Coalición Canaria; el PP no la apoyó porque le parecía tibia) es un paso más en la descomposición moral de nuestra política migratoria. El hecho de que haya sido impulsada por un partido socialista asustado no hace sino denigrarla aún más. ¿Con qué rostro van a recuperar el mensaje del 'buen inmigrante' cuando pase la crisis y necesitemos su mano de obra y sus impuestos?

[Nota al pie: líbreme San Cucufato de interferir en la estrategia electoral de los obispos, pero me pregunto si el dignísimo trabajo de Caritas (diocesana) y Pueblos Unidos (jesuita) en este campo no merecería un empujoncito público de la Conferencia Episcopal, si sacan un hueco entre manifestación por la familia y manifestación por la familia.)]