Las comisiones de Industria y de Cooperación del Congreso discuten en estos días la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Concebido originalmente para fomentar la internacionalización de la empresa española, este sistema de créditos concesionales (interés bajo y período de pago más amplio) se incorporó pronto a los instrumentos de la ayuda oficial, y hoy constituye un paradigma de todo lo que ha funcionado mal en nuestra cooperación durante dos décadas.
La lista de agravios del FAD es considerable, pero destacan tres debilidades fundamentales: se trata de un instrumento crediticio que alimenta la deuda externa de los países receptores; financia proyectos que priman la cuenta corriente de las empresas españolas por encima de cualquier otra consideración (incluyendo el interés del país pobre); y contribuye a la descoordinación y falta de transparencia que lastran nuestro sistema de ayuda desde sus inicios. La combinación de estos elementos ha dado lugar a verdaderas perlas en la historia de la AOD española, como la financiación de material militar en Angola a principios de los 90, la reconstrucción de una carretera turística en Nicaragua cuando medio país había sido devastado por el Mitch o la construcción de un hotel de lujo en Chad (ver otros ejemplos en la página del Observatorio de la Deuda y en este trabajo de Intermón Oxfam).
El asunto sería una anécdota amarga si no fuese porque estamos hablando de cifras multimillonarias. De acuerdo a los datos que ofrece La Realidad de la Ayuda, sólo en el año 2008 esta partida supuso la friolera de 191 millones de euros, y hasta mediados de esta década el FAD se comía uno de cada seis euros del total de la AOD española. Un verdadero filón para el puñado de empresarios perezosos que cuando dicen ‘internacionalización’ quieren decir en realidad ‘fináncienme-mi-exportación’.
El Gobierno ha llevado al Parlamento una propuesta de reforma que divide al FAD en dos nuevos instrumentos de financiación concesional: el FONPRODE (orientado a proyectos de desarrollo) y el FIEM (orientado a la internacionalización de la empresa española). El hecho de que los dos objetivos hayan quedado diferenciados supone un avance evidente, pero muchas ONG y expertos consideran que la reforma se queda muy corta. Dicho de forma simple, el FIEM es una forma de seguir haciendo lo mismo con un nombre diferente. Peor aún: al no estar sujetos a la disciplina de las reglas de la ayuda o incluir criterios de responsabilidad social, existe el riesgo de que estos créditos recuperen algunos viejos vicios del FAD, como la opacidad o la financiación de exportaciones militares. Si además tenemos en cuenta que los proyectos del FONPRODE seguirían necesitando el visto bueno del Ministerio de Economía para su aprobación, habremos hecho un pan con unas tortas.
Dos consideraciones finales: en mi opinión, los créditos pueden jugar un papel importante entre los instrumentos de un sistema de cooperación -en particular cuando se trata de países con deudas sostenibles y un acceso limitado a los instrumentos de mercado-. Pero sólo cuando estén sujetos a condiciones estrictas que garanticen su impacto sobre el desarrollo. Ésa es precisamente la línea que proponen las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición (la transcripción del debate que tuvo lugar hace unos días en la Comisión de Cooperación del Congreso es realmente ilustrativa).
Y dos: ¿realmente queremos que nuestra estrategia de internacionalización empresarial prime a los mismos ‘conseguidores’ de siempre a costa de un sector privado innovador y que entiende el progreso como un beneficio mutuo? ¿Es éste el concepto de economía sostenible que propone el Gobierno?
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