La Ley de Transparencia, RIP

De acuerdo con la información del diario Público, el Gobierno se dispone a martillear el último clavo en el ataúd de la Ley de Transparencia, uno de los productos estrella de la regeneración democrática que prometió el Presidente Zapatero. La ley buscaba, ingénuamente, sacar a las instituciones públicas españolas del Club de la Opacidad en el que también dormitan Luxemburgo, Grecia, Malta y Chipre. El resto de países de la UE cuentan con leyes que protegen un principio básico de la democracia y del sentido común: en un Estado de Derecho, el secreto y la denegación de información deben ser la excepción y no la regla.

(Ya ven qué locura... El ciudadano y las organizaciones sociales pidiendo cuentas a las instituciones públicas... ¡cómo si se tratase de nuestro dinero!)

Una herramienta legal de estas características permitiría hacer algunas preguntas incómodas sobre casos tan sonados como el de la Trama Gürtel, en el que la Generalitat Valenciana se negó a hacer públicos contratos esenciales para entender las implicaciones de las administraciones y sus responsables. También podríamos conocer la relación de operaciones de venta de armas a países pobres, en las que la contabilidad creativa y las denominaciones equívocas permiten sortear la prohibición legal (la moral está de capa caída) de vender munición a regiones en conflicto.

Pero, si me apuran, me interesan aún más las posibilidades que esta ley abriría al control directo de la pequeña política, de la gestión más cercana; la que más afecta al día a día de los ciudadanos. ¿Cómo y por qué se deciden las prioridades de gasto en un hospital público, por ejemplo? ¿Está justificado el recorte de programas sociales en un ayuntamiento? ¿Con quién se reúnen nuestros representantes públicos y qué compromisos establecen?

Hay que reconocer, al menos, que el Gobierno ha actuado en este asunto con una coherencia intachable. Como denuncia Access Info -la plataforma que agrupa los esfuerzos por incrementar la transparencia en diferentes países europeos, representada en España por la Coalición Pro-Acceso-, la elaboración del anteproyecto de ley ha estado rodeada en todo momento de un eficaz "secretismo". No se podía esperar menos de una Ley de Transparencia 'a la española'.

Con independencia del gobierno de turno, los fundamentos de la democracia deben ser cada vez más sólidos. Los últimos años de Gobierno socialista tienen luces evidentes como la transformación de los servicios informativos de RTVE; pero en casi todo lo demás el PSOE ha trabajado con el PP para obstaculizar las reformas pendientes, desde el respeto a la independencia judicial hasta la asunción de responsabilidades públicas (solo con lo que hemos visto en las últimas semanas, la nómina de políticos que en cualquier otro país hubiesen presentado ya su dimisión es tan larga que da risa).

Algunas son reformas legales y otras son transformaciones culturales, mucho más lentas. Pero las primeras impulsan las segundas, como ha demostrado la normalización del matrimonio homosexual, y los gobiernos no tienen excusa para echarse a un lado. Y, si no, que no se lleven las manos a la cabeza cuando nos entusiasmos leyendo cables de Wikileaks. Al fin y al cabo, es lo único que nos han dejado.