OPINIÓN
ENTRE los muchos asuntos por los que la reciente presidencia Española de la UE será recordada con más pena que gloria está su incapacidad para impulsar la reforma pendiente de la Política Agraria Común (PAC). La PAC constituye hoy una de las principales políticas comunitarias, con un coste total que ronda los 80.000 millones de euros anuales, según la OCDE. En estas semanas se pone en marcha un debate sobre la reforma de estas políticas que debe concluir en 2013 y que viene lastrado por un complejo entramado de intereses creados durante décadas. Dicho con franqueza, existen pocas posibilidades de lograr ahora lo que no se ha logrado en todos estos años: alinear la política agraria con el verdadero interés del medio rural europeo y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la UE.
La PAC fue concebida tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar el abastecimiento alimentario de Europa y sostener las economías agrarias de sus estados miembros. Desde ese punto de vista, puede decirse que el éxito fue sonado. De hecho, los problemas estructurales de esta política, que se pusieron de manifiesto durante los años 80, responden en gran medida a la incapacidad de los mercados europeos para absorber la producción interna de cereales, lácteos, carne o azúcar. Estos excedentes eran volcados en los mercados internacionales con la ayuda de subsidios masivos a la exportación que generaron una cadena de problemas económicos y políticos. El principal fue el efecto devastador del 'dumping' y el proteccionismo sobre la agricultura de los países pobres, que destruyó los medios de vida de millones de campesinos y generó una dependencia alimentaria externa que aún hoy están pagando.
Las reformas del sistema -que comenzaron a principios de los noventa y que continúan hasta el día de hoy- no han resuelto estos problemas. El modelo que sostenía los precios internos y estimulaba la sobreproducción ha sido sustituido de forma progresiva por un conjunto de ayudas directas que elimina la obligación de producir y responde a los compromisos asumidos en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. El problema es que las reglas de la OMC fueron redactadas por Europa y Estados Unidos siguiendo la máxima de 'El Gatopardo': que todo cambie para que todo siga igual. Estableciendo una distinción perfectamente artificial entre las ayudas que distorsionan los mercados internacionales y las que no lo hacen, las dos grandes potencias proteccionistas se las han ingeniado para blanquear cerca de 1.000 millones diarios en subsidios y mantener una protección arancelaria que, en el caso europeo, es cuatro veces más alta que la que se aplica a los demás sectores económicos.
Pongámoslo de este modo: para un campesino de África occidental que hoy debe hacer frente al 'dumping' de cereales franceses, la sofisticada distinción entre ayudas clásicas y reformadas le deja frío. Sobre todo cuando los mismos países europeos que practican en casa el proteccionismo agrario utilizan los acuerdos comerciales para promover la liberalización unilateral de algunas de las regiones más pobres del planeta. Lo sorprendente es que en Bruselas aún se pregunten por qué se han estancado las negociaciones con el bloque de África, Caribe y Pacífico.
Paradójicamente, el sistema no ofrece muchos más méritos de puertas adentro. La incapacidad de los estados miembros para enfrentarse a los privilegios adquiridos durante décadas ha impedido poner fin a un modelo que concentra las ayudas en un puñado de empresas e individuos, promueve modelos de producción que esquilman recursos esenciales como el agua, contribuye al calentamiento global y abandona a su suerte a las zonas rurales más vulnerables. La PAC no está logrando salvar al medio rural europeo ni a quienes lo sostienen, que son las comunidades pequeñas que viven de los mercados y las economías locales, y que necesitan para sobrevivir políticas más eficaces y complejas que trasladar subsidios de una generación a otra: infraestructuras básicas, buenos servicios de salud y educación, créditos rurales, diversificación económica y protección para los modelos de producción sostenibles, como la agricultura orgánica. Precisamente las partidas que hoy están marginadas en los presupuestos comunitarios.
Necesitamos una verdadera refundación del modelo. Pasar de una política agraria desigual y productivista a una política rural justa y sostenible que nos permita hacer frente a los retos de Europa en el siglo XXI, incluyendo el debate global sobre el abastecimiento alimentario y energético del futuro. Lamentablemente, no podemos esperar mucho de los ministerios de agricultura europeos, que se han convertido en 'brokers' de los intereses particulares que impiden la reforma. Hasta que eso no cambie, las posibilidades de someter las políticas rurales al interés público son escasas, y tendrán razón quienes se preguntan por qué no gastar el dinero en otros ámbitos que lo necesitan de verdad.
www.ideascontralapobreza.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario