miércoles, 7 de julio de 2010

Quien contamina, ¿cobra?

Atentos al informe que acaban de publicar SEO/BirdLife y WWF, dos de las más importantes ONG medioambientales de nuestro país. A través de un análisis geográfico y cartográfico, explican porqué las explotaciones que más ayudas reciben de la Política Agraria Común son, curiosamente, las que tienen un impacto ambiental más negativo (por ejemplo en el uso intensivo de acuíferos). Y se preguntan, claro, porqué los criterios que rigen la política agraria en España están mucho más basados en los privilegios adquiridos que en la verdadera provisión de bienes públicos:
SEO/BirdLife y WWF recomiendan en su estudio una modificación urgente en una de las políticas más relevantes de la UE. Por ello, demandan un cambio que permita una reorientación de las ayudas de la Política Agraria Común. El objetivo es apoyar las explotaciones y prácticas más sostenibles, basándose en el principio “Dinero público para bienes públicos”. También exigen que se eliminen los pagos a aquellas prácticas que se prueben dañinas para el medio ambiente, asegurando el cumplimiento de otro principio, “Quien contamina paga”.
¿Por qué todo lo que es evidente en otras políticas públicas parece ser ignorado en el caso de la política agraria?

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